El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, planteó ante el Consejo Federal Fiscal la necesidad de revisar los criterios de coparticipación federal. Advirtió sobre la caída de los ingresos, los desequilibrios estructurales de la Provincia y los mayores costos que implica garantizar servicios públicos en un territorio extenso.

El debate por la distribución de los recursos nacionales volvió a ocupar un lugar central en la agenda económica de Santa Cruz. El ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, expuso ante el Consejo Federal Fiscal la situación financiera provincial y reclamó que el sistema de coparticipación contemple las particularidades territoriales y los costos reales de sostener los servicios esenciales.

Durante su intervención, el funcionario sostuvo que el reparto de fondos entre las provincias no puede definirse únicamente en función de la cantidad de habitantes. Según planteó, también deben considerarse las obligaciones de gasto de cada jurisdicción, las necesidades de infraestructura y las dificultades que implica garantizar prestaciones estatales en regiones extensas y con localidades alejadas entre sí.

Coparticipación federal: Santa Cruz pide revisar los criterios de distribución

Uno de los principales ejes de la exposición fue incorporar nuevas variables al esquema de distribución de los recursos nacionales. Para Verbes, las características geográficas y las condiciones de infraestructura de Santa Cruz representan factores determinantes para comprender sus necesidades de financiamiento.

La Provincia debe sostener servicios de educación, salud y seguridad en todo su territorio, lo que implica afrontar salarios docentes, del personal sanitario y de las fuerzas policiales, además de los gastos operativos necesarios para mantener el funcionamiento del Estado.

En ese contexto, el ministro advirtió que un sistema basado principalmente en indicadores poblacionales puede dejar de lado diferencias importantes entre las jurisdicciones. La extensión territorial, las distancias y las demandas de inversión pública, sostuvo, deben formar parte de una discusión más amplia sobre el federalismo fiscal.

Los costos de la infraestructura y las distancias presionan las cuentas provinciales

Santa Cruz enfrenta desafíos particulares para garantizar servicios públicos debido a la dispersión de su población y a las distancias entre las distintas localidades.

Verbes señaló que algunas comunidades todavía dependen de sistemas de generación eléctrica a gasoil, una alternativa más costosa que la conexión al sistema interconectado. A esta situación se suman los requerimientoss de inversión en agua potable, redes cloacales, infraestructura energética y rutas.

Estas condiciones incrementan los costos de funcionamiento del Estado y profundizan las necesidades de financiamiento provincial. Por eso, el planteo presentado ante el Consejo Federal Fiscal apunta a que la distribución de recursos nacionales contemple tanto la población como las condiciones concretas en las que cada provincia debe garantizar los servicios públicos.

Caída de ingresos y déficit: los números que preocupan al Gobierno provincial

La situación fiscal de Santa Cruz también estuvo marcada por la evolución de los ingresos y las dificultades para afrontar los compromisos presupuestarios.

De acuerdo con los datos presentados por el Ministerio de Economía provincial, entre enero y septiembre de 2026 la Provincia registró ingresos por aproximadamente $ 1,754 billones, frente a gastos por $ 2,297 billones.

La diferencia entre ambos montos evidencia la presión sobre las cuentas públicas y las dificultades para compatibilizar los recursos disponibles con las obligaciones de la administración provincial.

Verbes explicó que tanto la coparticipación nacional como la recaudación propia, especialmente la proveniente del impuesto sobre los Ingresos Brutos, están vinculadas con el nivel de actividad económica. Por esa razón, una reducción de los ingresos repercute directamente sobre la capacidad financiera del Estado.

Frente a este escenario, el Gobierno provincial puso en marcha un programa de ahorro destinado a administrar los fondos disponibles y priorizar el cumplimiento de sus obligaciones.

El ministro también cuestionó el rechazo de sectores de la oposición a iniciativas impulsadas por el Ejecutivo para avanzar hacia el equilibrio fiscal, entre ellas la ley de emergencia económica y el plan de financiamiento estratégico.

Caja de Previsión Social y empresas estatales, entre los desafíos estructurales

Otro de los puntos señalados por el titular de Economía fue la situación de la Caja de Previsión Social y de las empresas estatales, dos componentes que, según explicó, requieren una discusión de fondo sobre su sostenibilidad financiera.

Estos compromisos se suman a las obligaciones habituales del Estado provincial y condicionan la planificación presupuestaria en un contexto de recursos limitados.

La posición del Gobierno santacruceño es que los desequilibrios acumulados deben analizarse junto con las necesidades actuales de financiamiento y las particularidades económicas y territoriales de la Provincia.

Santa Cruz busca avanzar en acuerdos con el Gobierno nacional

En paralelo con el planteo ante el Consejo Federal Fiscal, la Provincia trabaja en programas de articulación con el Gobierno nacional para encauzar su situación financiera.

Según informó el Ministerio de Economía, la agenda contempla la visita de representantes nacionales a Perito Moreno los días 13 y 14 de noviembre, en una instancia que podría contribuir al tratamiento de las necesidades fiscales y de infraestructura de Santa Cruz.

La exposición de Verbes se inscribe así en una discusión más amplia sobre el federalismo fiscal argentino: cómo distribuir los recursos públicos de manera que las provincias puedan afrontar sus obligaciones y garantizar servicios esenciales, incluso cuando las distancias, la infraestructura pendiente y las características geográficas elevan los costos.

El reclamo santacruceño apunta a que el sistema de coparticipación no considere solamente cuántos habitantes tiene cada jurisdicción, sino también cuánto cuesta garantizar derechos y sostener el funcionamiento del Estado en cada territorio.