Tribunal Superior rechazó la cautelar de Eduardo Barcesat en su demanda contra Santa Cruz
El constitucionalista de 84 años había solicitado su reincorporación como asesor provincial tras la finalización de su contrato. El fallo consideró que no existían los requisitos legales para otorgar la medida solicitada.
El fallo del máximo tribunal
El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz desestimó la medida cautelar presentada por el abogado Eduardo Salvador Barcesat, quien había alegado que la conclusión de su contrato como asesor de Estado constituía un despido ilegal. El constitucionalista reclamaba su reincorporación inmediata y el pago de los salarios caídos desde febrero de 2024.
La sentencia, fechada el 30 de mayo (Expte. B-880/24-IMC-TSJ), sostuvo que no se cumplían los requisitos de verosimilitud del derecho ni peligro en la demora. Para los jueces, el decreto cuestionado “goza de presunción de legitimidad” y no se advertía arbitrariedad manifiesta.
El vínculo con la provincia
Barcesat fue designado en 2016 por Alicia Kirchner como Consultor Jurídico y Procurador Letrado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo contratos anuales renovados hasta diciembre de 2023. Con la llegada de Claudio Vidal a la gobernación, la relación se prorrogó solo por un mes, mediante el Decreto 191/2024, vigente hasta el 31 de enero.
El abogado sostiene que esa decisión equivale a un despido ilícito y pidió la nulidad del decreto que limitó la prórroga a 31 días. Además, argumentó que su condición de adulto mayor lo coloca en una situación de especial vulnerabilidad, invocando la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores.
Fundamentos del Tribunal
El Tribunal señaló que no existía un riesgo inminente e irreparable que justificara la cautelar, ya que un eventual perjuicio económico podría ser reparado en caso de que el constitucionalista obtenga una sentencia favorable en el juicio principal.
Trayectoria y antecedentes
Mientras ejercía como asesor en Santa Cruz, en septiembre de 2020, Barcesat fue también nombrado en el Ministerio de Agricultura de la Nación a través de la Resolución 213/2020, durante la gestión de Alberto Fernández.
Figura histórica en el derecho constitucional, Barcesat fue asesor de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo y en los últimos años se posicionó como uno de los juristas que denuncian como “lawfare” la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
Fuente: Winfo
