Vidal llevó la pelea por la Justicia K a la Corte y denunció maniobras “destituyentes” en Santa Cruz
El gobernador presentó un recurso ante la Corte Suprema por el conflicto con el Tribunal Superior de Justicia. Denunció una avanzada política de los jueces y advirtió sobre el impacto económico de sus decisiones.
La crisis institucional en Santa Cruz escaló a su punto más alto y ya se juega en la Corte Suprema de la Nación. El gobernador Claudio Vidal decidió dar el paso y llevó el conflicto con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al máximo tribunal del país, en medio de acusaciones cruzadas y un fuerte trasfondo político.
El eje de la disputa es la ley que amplió la integración del TSJ de cinco a nueve miembros, una medida impulsada por el oficialismo provincial y aprobada por la Legislatura. Sin embargo, el propio tribunal declaró inconstitucional esa norma y luego rechazó los recursos que buscaban llevar el caso a la instancia federal.
Ante ese escenario, el Gobierno presentó un recurso de queja para que la Corte intervenga y revise lo ocurrido. Según la provincia, el TSJ actuó con arbitrariedad y evitó deliberadamente que el conflicto sea analizado a nivel nacional.
Una pelea que mezcla poder, política y Justicia
Detrás de la discusión jurídica hay una pulseada de poder. Desde el entorno de Vidal sostienen que el grupo de jueces cercanos al kirchnerismo se resiste a perder influencia dentro del máximo tribunal provincial.
El conflicto se agravó cuando esos magistrados no solo rechazaron la ampliación del cuerpo, sino que también desconocieron designaciones impulsadas por el Ejecutivo y avanzaron en cambios internos dentro del propio tribunal.
Para el Gobierno, esto configura una clara interferencia en decisiones que corresponden al Poder Legislativo y al Ejecutivo, afectando el equilibrio institucional.
El argumento central: “gravedad institucional”
En la presentación ante la Corte Suprema, la Fiscalía de Estado sostiene que el caso tiene una “gravedad institucional” inédita en la provincia. El planteo advierte que el TSJ habría invadido competencias de otros poderes al decidir sobre su propia integración.
Además, cuestiona que el rechazo del recurso extraordinario se haya basado en cuestiones formales y no en el fondo del conflicto, lo que —según el Gobierno— impidió una discusión real sobre la validez de la ley.
La estrategia ahora apunta a que la Corte Suprema habilite el tratamiento del caso y defina si la ampliación del tribunal es constitucional o no.
Vidal: “Actúan como oposición y de forma destituyente”
En paralelo a la vía judicial, Vidal endureció su discurso político. El gobernador denunció que la Justicia provincial “actúa como oposición” y calificó el accionar de los magistrados como “antidemocrático y anticonstitucional”.
Según su mirada, existe una intención clara de bloquear decisiones del Gobierno y frenar cambios en la estructura judicial.
“Estamos frente a una Justicia que no respeta la división de poderes”, planteó, al tiempo que insistió en que el conflicto excede lo jurídico y tiene un fuerte componente político.
El frente económico: salarios judiciales y tensión fiscal
El enfrentamiento sumó en las últimas horas un nuevo foco de tensión. Vidal cuestionó con dureza una resolución del Tribunal Superior que intimó al Gobierno a otorgar un aumento del 50% a los salarios del Poder Judicial.
La medida llevaría los ingresos de los magistrados a más de 25 millones de pesos mensuales, en un contexto en el que la provincia debate la declaración de una emergencia económica.
“Es una decisión completamente fuera de la realidad. Mientras estamos tratando de sostener el funcionamiento del Estado, estos jueces avanzan en medidas que buscan desfinanciar a Santa Cruz”, sostuvo el gobernador.
Para Vidal, este tipo de resoluciones no solo agravan la crisis fiscal, sino que también forman parte de una estrategia más amplia para condicionar al Ejecutivo.
Lo que viene: una definición clave en la Corte
Con al menos cuatro presentaciones vinculadas al mismo conflicto ya en trámite, la Corte Suprema deberá decidir si interviene en una disputa que combina tensión política, interpretación constitucional y control del Poder Judicial.
Mientras tanto, Santa Cruz sigue atravesando una situación inédita: un enfrentamiento abierto entre poderes del Estado que mantiene paralizada parte del funcionamiento institucional desde hace meses.
