El TSJ dio un ultimátum de 90 días para poner al día los juzgados de Zona Norte tras detectar graves demoras
Auditorías realizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz revelaron un fuerte atraso en juzgados de Pico Truncado y Caleta Olivia. El máximo órgano judicial intimó a la Cámara de Apelaciones a ejecutar un plan de contingencia y regularizar el funcionamiento en un plazo máximo de tres meses.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz dispuso un ultimátum administrativo de tres meses para que los juzgados de la Zona Norte eliminen los atrasos acumulados y normalicen su funcionamiento, luego de que auditorías oficiales detectaran demoras estructurales y expedientes paralizados durante meses.
La medida alcanza a dependencias judiciales de Pico Truncado y Caleta Olivia, donde las inspecciones evidenciaron importantes deficiencias en la gestión de causas, retrasos en el dictado de sentencias y una acumulación de expedientes que compromete el acceso efectivo al servicio de Justicia.
Auditorías revelaron expedientes paralizados y mora judicial
En Pico Truncado, los auditores detectaron escritos en soporte papel pendientes de firma correspondientes a 2024 y 2025, además de causas listas para sentencia que permanecían sin resolución desde diciembre del año pasado.
La situación observada en Caleta Olivia resultó igualmente preocupante. En el Juzgado de Familia se registró una importante acumulación de escritos sin trámite, expedientes pendientes de despacho y causas que no habían recibido movimiento desde diciembre de 2025, pese al elevado volumen de nuevos ingresos durante el corriente año.
Las inspecciones también alcanzaron a los Juzgados Civiles, Comerciales, Laborales y de Minería, donde el TSJ advirtió que, si bien el despacho diario aparentaba normalidad, persistían demoras crónicas en el dictado de sentencias definitivas.
El TSJ rechazó las explicaciones de los magistrados
En la resolución, el máximo tribunal provincial cuestionó las justificaciones presentadas por los jueces auditados, quienes atribuyeron las demoras a la falta de personal y a las medidas de fuerza del gremio judicial.
Sin embargo, el informe sostiene que la antigüedad de las causas demoradas demuestra que los problemas exceden la coyuntura actual y responden a falencias organizativas y de gestión interna. Además, recordó que la dilación irrazonable de los procesos judiciales vulnera garantías constitucionales y tratados internacionales vinculados al derecho de acceso a la Justicia.
Plazo de tres meses para regularizar todos los juzgados
Como consecuencia de las auditorías, el presidente del Tribunal Superior intimó formalmente a la Cámara de Apelaciones, en su carácter de órgano de superintendencia, a implementar de manera inmediata planes de contingencia, reorganizaciones de personal y medidas de gestión que permitan eliminar el atraso existente.
El plazo fijado es de tres meses, considerado improrrogable, para que los juzgados involucrados regularicen su actividad y recuperen el ritmo normal de trabajo.
Además, el presidente de la Cámara deberá presentar, dentro de los próximos 15 días, un informe detallado ante el TSJ con el cronograma de acciones previstas y el estado de ejecución de las medidas adoptadas en cada dependencia judicial.
