YPF cerró un acuerdo millonario en Chubut que desata polémica por el pasivo ambiental: estiman un costo potencial de USD 400 millones
La provincia aceptó una compensación de USD 25 millones y renunció a futuros reclamos ambientales contra la petrolera. El convenio reavivó el debate sobre el costo de la remediación de los pozos inactivos y las diferencias con los acuerdos firmados en Santa Cruz y Neuquén.
El sitio especializado Eolo Media desarrolló un informe del acuerdo firmado entre YPF y el Gobierno de Chubut para concretar la salida de la petrolera de varias áreas convencionales, destacando que a partir de dicha instancia se abrió una fuerte discusión política, ambiental y económica. En esa línea, se puntualiza que el convenio contempla una compensación de USD 25 millones para la provincia, pero incluye una cláusula que libera a la empresa de cualquier responsabilidad futura vinculada a pasivos ambientales generados antes de la transferencia de las concesiones.
La decisión quedó plasmada en un Acta Acuerdo suscripta el 26 de junio entre el gobernador Ignacio Torres y la compañía de mayoría estatal, en el marco del denominado Proyecto Andes, mediante el cual YPF busca concentrar sus inversiones en activos de mayor rentabilidad, especialmente en Vaca Muerta.
Un pasivo ambiental que podría multiplicar por 16 la compensación recibida
El aspecto más cuestionado del convenio es la diferencia entre la compensación económica acordada y el costo estimado de remediación ambiental.
Diversas estimaciones indican que en las áreas involucradas existirían más de 2.000 pozos inactivos. Considerando un costo promedio cercano a USD 200.000 por pozo para su abandono técnico definitivo, la remediación podría demandar alrededor de USD 400 millones, una cifra muy superior al monto percibido por la provincia.
A ello se sumarían instalaciones de superficie, baterías, ductos y otros activos que también requerirían trabajos de saneamiento ambiental.
La cláusula que genera mayor controversia
Más allá del monto económico, especialistas y dirigentes ponen el foco sobre la cláusula mediante la cual Chubut renuncia de manera irrevocable a iniciar reclamos presentes o futuros contra YPF por pasivos ambientales originados antes del traspaso de las áreas.
El alcance de esa disposición comprende también a organismos provinciales y futuras administraciones, consolidando un cierre definitivo de eventuales litigios vinculados a las concesiones cedidas.
Las diferencias con Santa Cruz y Neuquén
El acuerdo contrasta con las negociaciones desarrolladas en otras provincias petroleras.
En Santa Cruz, el convenio firmado con YPF contempló una compensación cercana a USD 335 millones, además de un programa específico de saneamiento ambiental para las áreas transferidas.
En Neuquén, en tanto, el gobierno provincial impulsó un esquema diferente: exigió garantías financieras, fideicomisos y planes de abandono progresivo de pozos antes de autorizar la cesión de los bloques convencionales.
Ese modelo busca asegurar que la remediación ambiental se ejecute durante los próximos años bajo supervisión provincial.
Los bienes transferidos a la provincia
Además del pago económico, el acuerdo prevé la transferencia de más de un centenar de vehículos y numerosos inmuebles ubicados en Comodoro Rivadavia, entre ellos clubes deportivos e instalaciones históricas vinculadas a la actividad petrolera.
El Gobierno provincial destacó estas cesiones como uno de los principales beneficios del convenio, aunque distintos sectores señalan que la discusión central continúa siendo la responsabilidad sobre el pasivo ambiental.
El debate recién comienza
La firma del acuerdo deberá atravesar el análisis legislativo y promete convertirse en uno de los debates más relevantes para la política energética de Chubut.
Mientras el Ejecutivo provincial sostiene que el convenio facilita la continuidad de la actividad hidrocarburífera bajo nuevos operadores, sectores técnicos y políticos advierten que la renuncia a futuros reclamos ambientales podría tener consecuencias económicas de largo plazo para la provincia si los costos de remediación terminan recayendo sobre el Estado.
