Impuesto a los combustibles: el Gobierno resignó casi USD 6.000 millones desde 2023
El Estado nacional dejó de recaudar cerca de USD 6.000 millones desde diciembre de 2023 al mantener el impuesto a las naftas y el gasoil por debajo de los valores de actualización previstos por la ley. El mecanismo fue utilizado para moderar el impacto de los combustibles sobre la inflación, aunque también redujo los recursos disponibles para otros destinos, entre ellos la infraestructura vial.
El Gobierno nacional dejó de percibir casi USD 6.000 millones en concepto del Impuesto a los Combustibles desde diciembre de 2023, debido a que aplicó actualizaciones inferiores a las previstas por la legislación.
El dato surge de un análisis publicado por Clarín, que advierte además que, si se toma como referencia todo el período desde 2021, la recaudación resignada por este tributo supera los USD 11.000 millones.
La decisión de postergar o moderar las actualizaciones no comenzó con la administración de Javier Milei. El gobierno de Alberto Fernández también había aplicado un esquema de atrasos en los últimos años de su gestión.
Impuesto a los combustibles: por qué se postergaron las actualizaciones
El Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono se aplica sobre las naftas y el gasoil y tiene una metodología de actualización vinculada a la evolución de los precios.
Sin embargo, durante los últimos años los distintos gobiernos fueron postergando parte de esos incrementos. En el caso de la administración de Milei, el objetivo fue evitar que una actualización completa del tributo generara un salto adicional en el precio de los combustibles y, por esa vía, una presión sobre la inflación.
Según un análisis sobre el escenario fiscal de los combustibles, la normativa establece actualizaciones periódicas del componente impositivo, aunque el Ejecutivo fue aplicando los aumentos de manera gradual y con rezago respecto de lo que surgiría de una aplicación estricta de la fórmula legal.
Cuánto dinero dejó de recaudar el Estado
Las estimaciones varían según el período y la metodología utilizada, pero muestran una magnitud significativa.
El Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social (GERES) calculó que entre 2021 y la actualidad la recaudación resignada por estos impuestos equivale a unos USD 11.232 millones. Si el cálculo comienza en diciembre de 2023, la cifra se ubica en torno de USD 5.939 millones.
Otra estimación, elaborada por la consultora Economía y Energía, también ubica el costo fiscal acumulado desde 2021 cerca de los USD 11.000 millones, mientras que para el período correspondiente a la actual gestión nacional calcula una pérdida cercana a los USD 5.700 millones.
Las diferencias responden principalmente al período considerado y a la metodología utilizada para estimar cuál habría sido la recaudación si se hubieran aplicado plenamente las actualizaciones previstas.
El impacto del impuesto en el precio de la nafta y el gasoil
La postergación de las actualizaciones impositivas permitió moderar uno de los componentes del precio final de los combustibles. Sin embargo, eso no significó que las naftas y el gasoil hayan permanecido sin aumentos.
De acuerdo con el análisis difundido sobre el tema, los combustibles registraron fuertes incrementos debido a la evolución de otros componentes de su estructura de precios, entre ellos los vinculados con la producción y refinación del petróleo.
El resultado fue que el precio en los surtidores continuó aumentando aun cuando el componente impositivo quedó por debajo del nivel que habría alcanzado con una actualización completa.
Qué destino tiene el impuesto a los combustibles
Uno de los puntos centrales del debate es el destino específico que la legislación establece para parte de los recursos provenientes del tributo.
Según el análisis citado, alrededor del 14 % de la recaudación tiene como destino el financiamiento de infraestructura vial a través de un fondo creado con ese objetivo.
El menor nivel de recaudación implica, por lo tanto, una reducción de los recursos potencialmente disponibles para ese tipo de obras.
La discusión adquiere especial relevancia en un contexto en el que distintos sectores vinculados con el transporte vienen reclamando inversiones en rutas nacionales y mantenimiento de la infraestructura existente.
El costo fiscal y la discusión por las rutas
El debate sobre el impuesto a los combustibles excede el precio de la nafta y el gasoil. También involucra la relación entre recaudación, gasto público e infraestructura.
El sector del transporte de cargas ha señalado en distintas oportunidades la necesidad de utilizar recursos provenientes de este tributo para atender el deterioro de las rutas. En particular, entidades empresarias sostuvieron que el impuesto puede constituir una fuente de financiamiento para obras viales.
De esta manera, la decisión de postergar aumentos impositivos genera un doble efecto: por un lado, evita trasladar al precio final de los combustibles una mayor carga tributaria; por otro, reduce la recaudación disponible y modifica los recursos asociados a los destinos específicos establecidos por la normativa.
Qué puede pasar con el impuesto a los combustibles
El futuro del tributo quedó vinculado a la política fiscal y a la evolución de los precios en los surtidores. Un análisis reciente del escenario de combustibles sostiene que el Presupuesto 2027 contempla un fuerte incremento de la recaudación esperada por los impuestos sobre naftas y gasoil, lo que refleja una estrategia de recuperación gradual de recursos fiscales.
El mismo análisis estima que una actualización completa de los impuestos tendría un impacto relevante sobre el precio de la nafta súper, aunque la magnitud y el momento de eventuales ajustes dependerán de las decisiones que adopte el Gobierno.
Así, el impuesto a los combustibles vuelve a quedar en el centro de una discusión que combina tres objetivos: contener la inflación, sostener la recaudación y financiar infraestructura.
El costo acumulado de las postergaciones desde 2021 ya supera los USD 11.000 millones, mientras que desde el inicio de la actual gestión la cifra ronda los USD 6.000 millones.
