Coparticipación federal: los gobernadores reclaman una reforma, pero advierten que sin crecimiento nadie quiere ceder recursos
Tras los pedidos de Nación para eliminar tributos locales como el Impuesto a los Sellos, los mandatarios provinciales devuelven el golpe. Exigen discutir una reestructuración de fondo del reparto de impuestos, pero aclaran que sin expansión económica real no hay margen para resignar recursos.
El debate sobre el federalismo fiscal en la Argentina entró en una zona de ebullición. En medio de un escenario de ingresos ajustados y transferencias automáticas que muestran variaciones magras —con subas interanuales mínimas y un consumo interno bajo la lupa—, los gobernadores y funcionarios provinciales pusieron sobre la mesa una condición innegociable para cualquier modificación del esquema tributario: la discusión de la coparticipación debe estar atada al crecimiento económico del país.
La tensión se reavivó tras los planteos del equipo económico nacional —liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo— orientados a exigir la eliminación de tasas distorsivas en los distritos, como el Impuesto a los Sellos. La respuesta desde el interior no se hizo esperar: los mandatarios advierten que, bajo las actuales condiciones de una economía que opera prácticamente “de subsistencia”, rediseñar el mapa de recursos sin una torta más grande se vuelve una pulseada inviable.
La trampa de la frazada corta: “Es difícil ver quién suelta”
Durante recientes deliberaciones en foros de peso económico y político, como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Universidad del CEMA (UCEMA), los representantes provinciales coincidieron en un diagnóstico lapidario sobre la arquitectura impositiva actual.
El sistema de coparticipación vigente —regido por una ley convenio pendiente de revisión estructural desde hace décadas— reparte los fondos en función de coeficientes que hace tiempo no reflejan la demografía ni el Producto Bruto Geográfico (PBG) real de las provincias. Sin embargo, la premisa que impera en los despachos provinciales es clara: en un contexto de estancamiento o recuperación heterogénea, discutir quién resigna fondos equivale a repartir pérdidas.
“Hoy estamos en una economía de subsistencia. Con números finos y transferencias que apenas repuntan impulsadas de manera muy acotada por Ganancias, es imposible pedirle a una provincia que ceda recaudación sin saber de dónde saldrá el reemplazo”, deslizan por lo bajo en los equipos técnicos de distintas gobernaciones.
Impuestos distorsivos y la tensión con la Nación
El trasfondo de esta disputa radica en la presión que ejerce la Casa Rosada sobre los distritos para que sinceren y reduzcan su propia carga fiscal. El pedido de eliminar gravámenes provinciales choca frontalmente con la realidad financiera de las jurisdicciones, las cuales debieron absorber el peso principal de la caída en la recaudación general y los recortes de transferencias no automáticas durante los últimos años.
Mientras el Gobierno nacional busca alianzas estratégicas con las provincias de cara a la discusión presupuestaria y reformas legislativas de mediano plazo, los gobernadores responden que cualquier relajamiento fiscal local debe venir de la mano de un esquema macroeconómico que garantice el crecimiento genuino del PBI.
Los números del reparto: un alivio condicionado
A pesar de los repuntes mensuales esporádicos en los envíos automáticos —impulsados principalmente por el comportamiento del Impuesto a las Ganancias y asistencias financieras puntuales vía ATN a determinados distritos—, la realidad interanual refleja la fragilidad de las cuentas públicas subnacionales.
Con administraciones provinciales que defienden con uñas y dientes el equilibrio fiscal alcanzado, la posibilidad de una reforma integral de la coparticipación se mantiene bloqueada por una certeza política: nadie está dispuesto a soltar su porción actual en un Ring Financiero donde los recursos escasean y el futuro económico sigue sujeto a prueba.
