Crisis industrial en Tierra del Fuego: fábricas paralizadas, paro de la UOM y fuerte cruce con el Gobierno por los aranceles a celulares
El anuncio del Ejecutivo nacional de reducir aranceles a la importación de celulares desató un conflicto en Tierra del Fuego. Fábricas paralizadas, manifestaciones sindicales y amenazas de judicialización en defensa del régimen de promoción industrial vigente.
Paro por tiempo indeterminado y protesta en las calles
La industria electrónica de Tierra del Fuego enfrenta su tercera jornada consecutiva de paro total, tras el anuncio del Gobierno nacional de que se reducirán los aranceles a la importación de teléfonos celulares, una medida que impactaría directamente en el subrégimen industrial que promueve la producción local en la provincia más austral del país.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) declaró un paro por tiempo indeterminado, con movilizaciones en Río Grande y Ushuaia, en rechazo a una política que consideran “destructiva” para el empleo fueguino. Según estimaciones provinciales, la medida podría significar la pérdida de entre 3500 y 4000 empleos directos, casi la mitad de los puestos del sector.
“Nos preparamos para un conflicto extenso y difícil”, advirtió el secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, quien encabezó una marcha multitudinaria y remarcó que la industria no solo sostiene miles de empleos, sino que también impacta en sectores como el comercio, el transporte y los servicios públicos. “No se va a mover un tornillo en las fábricas hasta que no tengamos una resolución favorable”, aseguró.
Un régimen estratégico en jaque
La baja de aranceles aún no fue oficializada, pero su sola mención encendió las alarmas. El gobernador Gustavo Melella anunció que, apenas se publique el decreto, se evaluará una acción judicial porque la medida violaría derechos adquiridos en el marco del decreto de 2021 que prorrogó el subrégimen industrial hasta 2038.
Melella cuestionó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y al diputado José Luis Espert, acusándolos de tener una mirada centralista y desinformada sobre la realidad fueguina. “Hablan como si Tierra del Fuego fuera solo Ushuaia, sin considerar las demás localidades ni el impacto que esto tiene en la soberanía y el arraigo”, sostuvo en Radio Provincia.
El gobernador recordó que en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, se usó el mismo argumento para reducir aranceles a notebooks y eso no redujo los precios, pero sí destruyó empleos.
El Gobierno insiste en la “competencia”
Desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió el cambio en la política comercial. “Tierra del Fuego deberá competir más porque siguen con protección”, afirmó. Según el funcionario, los productos fabricados en la provincia tienen “un costo muy alto” frente a los valores internacionales y es momento de que se adapten a las “reglas del juego” del mercado global.
Francos aseguró que el régimen fueguino mantendrá parte de su protección, pero instó a “acostumbrarse a que los precios deben ajustarse al mercado”.
Soberanía, economía y empleo en debate
La Ley 19.640, vigente desde hace 53 años, sostiene el régimen de promoción económica de la isla. Desde su implementación, la población fueguina creció de 13 mil a 185 mil personas. Hoy, el sector industrial representa el 30% del PBI provincial y genera unos 8500 empleos directos.
El economista Juan Pablo de Luca, presidente de Río Grande Activa, advirtió que la apertura a la importación “no solo destruye trabajo, también afecta la soberanía de la región al favorecer la despoblación y el debilitamiento frente a intereses extranjeros como los de Reino Unido y Chile”.
Mientras el conflicto se profundiza, la UOM convocó a un encuentro multisectorial en Tolhuin, del que participaron sindicatos, organizaciones sociales y autoridades provinciales para definir acciones conjuntas. Todos coinciden en que está en juego el futuro productivo y poblacional de Tierra del Fuego.
