Cantín, Mazú, Camino, Bodlovic y Córdoba procesados y embargados por Claudio Bonadío

Es por la llamada megacausa ambiental. Son en total 92 jefes comunales de la gestión K fueron procesados y embargados por malversación de fondos. Fue en el marco del programa GIRSU. En el caso de Río Gallegos se debió a los fondos recibidos y no aplicados al traslado del Vaciadero.

Tal como anticipó ASN, los ex intendentes Raúl Cantín (Río Gallegos), José Córdoba (Caleta Olivia), Teodoro Camino (Las Heras), José Bodlovic (Comandante Piedrabuena) y Horacio Matías Mazú (Río Turbio) fueron procesados por el juez Claudio Bonadío. Los acusa de defraudación al Estad por la llamada megacausa ambiental. Además fueron embargados por $3 millones.

Por la misma fueron llamados a indagatoria un centenar de intendentes de distintas partes del país. Principalmente Chaco, Santa Cruz, Buenos Aires, y Entre Ríos. Se investigó el desvío de fondos enviados desde el programa GIRSU, a través de la Jefatura de Gabinete entre 2013 y 2015.

Por esta causa ya estaban procesados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, así como otros tres ex secretarios de Ambiente durante el kirchnerismo.

Los intendentes

Ahora, el juez Claudio Bonadio resolvió procesar a 92 intendentes de distintas comunas. Varios de ellos hoy en función. Sólo tres jefes comunales lograron un sobreseimiento y un cuarto la falta de mérito.

“Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado” afirmó Bonadío. Indicó que la defraudación fue por una suma aproximada de $604.529.670″. La maniobra se llevó a cabo “junto a las autoridades nacionales anteriormente procesadas por este Tribunal, y cuyas conductas fueron valoradas ­respecto de la mayoría­ de igual manera por la Alzada”, sostuvo en la resolución.

Cabe recordar que se inició por una denuncia formulada por el Ministerio de Ambiente de la gestión de Cambiemos, hecha en 2016. El fiscal Carlos Rívolo avanzó en esta investigación, poniendo bajo la lupa el destino de los fondos girados bajo el Programa Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

La sospecha es que esos fondos fueron aprovechados para “disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiado”. Así lo escribió la propia Cámara Federal en noviembre pasado, al ratificar el procesamiento de los ex jefes de Gabinete.

En diciembre de 2017, Bonadio procesó a Fernández y Capitanich, y le dictó la falta de mérito a Abal Medina. Pero Rivolo apeló y la Cámara le dio la razón.

La auditoría que dio origen a la causa del Ministerio de Medio Ambiente demostró que no existió “un mapa crítico” que justificara la elección de las comunas. Entre cuatro provincias, Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja, concentraron el 79% de los fondos.

Santa Cruz

En el caso de Santa Cruz, José Córdoba por Caleta Olivia fue indagado el 24/05 del año pasado. Matías Mazú ex intendente de Río Turbio, hoy diputado provincial fue el 05/06. José Bodlovic ex jefe comunal de Piedra Buena también diputado provincial, concurrió el 29/06. A Raúl Cantín ex intendente de Río Gallegos Bonadío le tomó la indagatoria el 16/08. Y Teodoro Camino ex intendente de Las Heras y hoy Ministro de Trabajo, se presentó en Comodoro Py el 30/08 del año pasado.

El caso más significativo fue el de Río Gallegos. El Juzgado investiga el destino de más de $60 millones (el 10% del total) que fueron girados para concretar el traslado del Vaciadero.

La resolución 198 de la Jefatura de Gabinete, del 30 de diciembre de 2013, en ese momento a cargo de Jorge Capitanich “aprobó un desembolso de $25.176.903,60”. El municipio hizo una primera rendición, pero después pidió más fondos y cambió el proyecto.

Asi en marzo de 2015 y sin que aún se hubiera aprobado la primera rendición se solicitó una ampliación de fondos por $ 59.455.148. De ese total, en octubre de 2015, se realizó un segundo desembolso de $ 34.278.245,25″. La obra fue adjudicada a la empresa Edisud SA.

El juez ordenó, por pedido del fiscal Carlos Rivolo, una auditoría. Por esa razón en 2017 el equipo de inspectores llegó a Río Gallegos. En su informe le indicó al juez que “no se construyó la planta de transferencia proyectada”.

Se agregó que “el proyecto original no resolvía problema alguno” y además lo calificó de “inviable”. También señaló Rívolo que “se han gastado más de $ 38 millones sin que se haya mejorado en nada el tratamiento de los residuos sólidos urbanos”.

Chubut
Rafael Williams (Esquel).

Córdoba
Jorge Racca (Brinkmann), Luis Stanicia (Las Acequias), Alberto Escudero (Las Higueras) y Juan Manuel Pereyra (Villa Dolores).

Santa Fe
Roberto Dehesa (Rufino), Mónica Stumpo (Serodino) , José Freyre (Venado Tuerto), Juan Carlos Bacalini (Casilda), José López (Pavón), Guillermo Cornaglia (Bouquet) y Fernando Almada (El Trébol).

Neuquén
Héctor Godoy (Las Ovejas).

Entre Ríos
Luis Erro (Gualeguay), Juan Carlos Kloss (Hasenkamp), Rubén Vázquez (San Benito) y José Luis Dume (Oro Verde).

Corrientes
Eduardo Galantini (Monte Caseros), Ernesto Domínguez (Curuzú Cuatiá) y Hermes Bordón (Paso de la Patria).

Misiones
Federico Neis (Puerto Rico).