Desalojos exprés: la reforma que busca cambiar para siempre la relación entre propietarios e inquilinos en Argentina
El proyecto de Ley de Propiedad Privada propone acelerar los desalojos por falta de pago y reducir los tiempos judiciales. La iniciativa promete mayor seguridad jurídica para los dueños de inmuebles, mientras genera preocupación entre organizaciones que defienden el derecho a la vivienda
El debate sobre el mercado inmobiliario volvió a instalarse en el centro de la agenda política. El proyecto de Ley de Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional incorpora modificaciones que podrían transformar de manera significativa los procesos de desalojo y las pautas que regulan la relación entre propietarios e inquilinos.
La iniciativa, que aún debe completar su tratamiento legislativo, busca agilizar la recuperación de inmuebles ante casos de incumplimiento contractual, ocupaciones ilegales y conflictos vinculados a la propiedad privada. Entre sus principales objetivos figura la reducción de los plazos judiciales y administrativos para concretar un desalojo.
Desalojo exprés: los principales cambios que propone la ley
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la reducción del plazo de intimación por falta de pago en contratos de alquiler con destino habitacional.
De aprobarse el texto original, el propietario solo deberá otorgar tres días corridos al inquilino para regularizar la deuda antes de iniciar la demanda judicial. Actualmente, estos procesos suelen extenderse durante varios meses debido a las distintas instancias procesales.
Además, la propuesta incorpora otras modificaciones de impacto:
- Establece procedimientos judiciales más rápidos para la restitución de inmuebles
- Simplifica los trámites para ejecutar desalojos en casos de ocupaciones ilegales
- Busca reducir los tiempos de resolución de las causas vinculadas a conflictos locativos
- Fortalece la protección del derecho de propiedad mediante cambios en el Código Civil y Comercial
Qué impacto tendría para propietarios e inquilinos
Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a brindar mayor previsibilidad y seguridad jurídica a quienes alquilan sus propiedades, reduciendo la incertidumbre que generan los procesos judiciales prolongados.
Especialistas del sector inmobiliario consideran que reglas más ágiles podrían incentivar una mayor oferta de viviendas en alquiler. Sin embargo, organizaciones de inquilinos y entidades vinculadas al acceso a la vivienda advierten que una reducción tan marcada de los plazos podría dejar a muchas familias con menor margen para regularizar deudas o encontrar soluciones habitacionales antes de un eventual desalojo.
Una reforma que va más allá de los alquileres
El proyecto no se limita a modificar los procesos de desalojo. También introduce cambios en otras normas relacionadas con la propiedad privada, entre ellas aspectos vinculados a expropiaciones, registros inmobiliarios y el régimen de tierras.
Durante el tratamiento parlamentario, varios de esos capítulos generaron un intenso debate político. De hecho, en el Senado el oficialismo aceptó retirar algunas de las disposiciones más controvertidas —como la flexibilización para la compra de tierras por parte de extranjeros y nuevas pautas sobre el uso de suelos afectados por incendios— para conseguir la media sanción.
Cómo sigue el proyecto
Tras sortear –con modificaciones- la primera instancia en el Senado, la iniciativa deberá continuar su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde podrían introducirse otros cambios antes de una eventual aprobación definitiva.
Mientras tanto, el debate continúa abierto entre quienes consideran que la reforma fortalecerá el derecho de propiedad y quienes advierten sobre su posible impacto en el acceso a la vivienda y la protección de los inquilinos más vulnerables.
